El estudio del Migration Policy Institute junto con el Departamento de Inclusión Social de la OEA destaca, en cambio, las acciones “generosas y pragmáticas” de gobiernos de la región como Colombia, Perú y Brasil.
La gran diáspora venezolana no parece tener fin. Las agencias de la ONU han señalado que 5,2 millones de venezolanos habrán huido de su país hacia fines de 2019. Además, se calcula que alrededor del 80% de los venezolanos que dejaron su país se han establecido en otros países de América Latina. Es precisamente por este motivo, ante el creciente flujo de migrantes, que el Migration Policy Institute (MPI) junto con el Departamento de Inclusión Social de la Organización de Estados Americanos (OEA), elaboró un informe para evaluar las distintas políticas que han tomado los gobiernos de la región para regularizar el estatus de los migrantes venezolanos en sus países.
El documento, titulado “Creatividad dentro de la crisis: Opciones legales para inmigrantes venezolanos en América Latina”, destaca la “generosidad y pragmatismo” en las respuestas que han concedido los gobiernos de la región a la llegada de miles de venezolanos a sus territorios. “La mayoría ha optado por crear vías legales para que los venezolanos puedan entrar, obtener un reconocimiento legal y permanecer en el país al menos de forma temporal”, indica el informe.
Así, se reconocen las acciones llevadas a cabo por países como Colombia, Perú y Brasil, que idearon nuevas formas para prevenir que grandes cantidades de venezolanos se convirtieran en migrantes no autorizados a largo plazo. Por ejemplo, Colombia, que ha recibido a cerca de un millón de venezolanos, emitió el Permiso Especial de Permanencia (PEP) en agosto de 2017, que otorga dos años de autorización para trabajar y permiso para estar en el país.
Perú, por su parte, creó el Permiso Temporal de Permanencia (PTP) en 2017, que otorga un año de situación regular y un permiso de trabajo a los venezolanos que entraron al país legalmente antes de abril de 2017. Brasil, en tanto, ha establecido que los migrantes venezolanos pueden usar un pasaporte o credencial de identificación para solicitar el permiso de residencia temporal con duración de dos años. Además, el resto de los países de la región también han creado algunos tipos de visas temporales, como Argentina, Uruguay, Ecuador y México. “Colombia y Perú, que no tenían mucho margen para dar residencia a los venezolanos, crearon nuevas figuras para regularizar el estatus de los migrantes y facilitarles una estancia legal. Argentina extendió las protecciones de la visa de Mercosur, a pesar de que Venezuela ya quedaba suspendida del pacto económico. Ecuador tomó el liderazgo en promover que los países aceptaran formas de identificación alternativas al pasaporte vigente, ya que es muy difícil que los venezolanos obtengan un pasaporte hoy en día”, explica a La Tercera PM, Andrew Selee, presidente del Migration Policy Institute.
En esa línea, Selee asegura que “Chile y Panamá han empezado a imponer nuevos requisitos que dificultan la entrada de los venezolanos a la residencia en sus países, y no debe sorprendernos si otros países también hacen lo mismo en el futuro frente a un flujo migratorio que no parece tener fin”.
El informe se refiere a la visa específica creada por Chile en abril de 2018, explicando que cuesta US$ 30, solicita un pasaporte vigente y debe ser pedida desde dentro de Venezuela. “Mientras que Chile ha ofrecido visas de residencia temporal para venezolanos, los onerosos requisitos para su solicitud pueden incrementar, en lugar de disminuir, la migración no autorizada”, critica el texto. De todos modos, recalca que la legislatura chilena está desarrollando una nueva ley de migración que probablemente implementará cambios a las categorías de visas disponibles.
Sistemas de asilo desbordados
La investigación hace hincapié en el poco desarrollo de los sistemas de asilo en la región, puesto que gran parte de los países del continente había recibido relativamente pocas solicitudes de protección humanitaria. En esa línea, México ha sido el único país que ha aplicado la definición de refugiado que ha aprobado la región en la Declaración de Cartagena en 1984. “Mientras muchos países de la región tienen una definición amplia de quién es un refugiado -que encaja muchos venezolanos- sólo México la ha aplicado a los casos de venezolanos solicitando asilo. La mayoría de los países latinoamericanos, en cambio, ha optado por aplicar las categorías vigentes de visas o acuerdos migratorios para asegurar que muchos venezolanos pueden entrar legalmente, y algunos países han usado programas temporales para normalizar el estatus de los venezolanos ya presentes en el país”, indica el texto.
El MPI asegura que la respuesta de la región frente al flujo venezolano ha sido altamente creativa, pero que restan auténticos desafíos para el futuro. “El desafío más importante será invertir en sistemas de educación y salud, que en muchos países ya están sobrecargados aun sin la migración, y ahora se encuentran aún más presionados, y esto requerirá de mucha cooperación internacional”, comenta Selee. Aquello impediría también que dentro de las comunidades locales surjan sentimientos xenófobos y antimigratorios.
De todas formas, “hay mucho que los países de Europa, Norteamérica y Asia podrían aprender sobre cómo los gobiernos en Latinoamérica han intentado garantizar que el flujo de migrantes venezolanos en la región pueda beneficiar a las sociedades receptoras”, concluye el informe.